-Ariadna Godreau Aubert
En mi casa y en la de muchas, una frase común es “la visita come primero”. Los dichos alrededor de la comida me obsesionan, pero ninguno me indigna más que este. En relación con la economía del visitante y las zonas de oportunidad, un abogado de una firma foránea compara a Puerto Rico con un restaurante que busca atraer comensales de Estados Unidos:
“el hecho de que Puerto Rico, casi toda la isla, sea una Zona de Oportunidad, eso es una bendición, pero, a la misma vez, es una complicación, porque ellos vienen a Puerto Rico y dicen: ‘Toda la isla, ok. Pero ¿miro al sur, al este, al norte?’. Es un menú de mucha comida buena, pero de cien páginas. Entonces, tú estás horas y horas mirando el menú y no sabes qué hacer”[1]
Otra frase repetida es “no hay menú para nadie, esto no es restaurante”. No saber qué hacer cuando se te ofrece comer primero y cuando la disponibilidad de la comida es nivel-menú debe ser una gran fortuna. La buena fortuna es el opuesto del deber: un regalo no esperado, pero asumido como si hubiese llegado tarde. Es lo que en inglés llamaríamos entitlement y que traduzco como el privilegio de quien llega tarde, pero es atendido primero. La confusión ante la amplia gama de opciones es algo desconocido para la mayoría de quienes ya estaban aquí y jamás tuvieron mucha oportunidad para elegir o confundirse en la mesa o en la vida.
La oportunidad separa a quienes son invitados a comer –visitantes- de quienes preparan la mesa: los que comen primero y los que, si sobra, comen después. La oportunidad, distinta a la fortuna, no es una deuda o un regalo. Es el ejercicio de poder de quien se sabe acreedor de grandes recibimientos, de paraísos, de exenciones contributivas y de mansiones frente al mar. Para este visitante, la oportunidad es la mecánica de la expansión, una brujulita para no sentirse perdido en el menú, un mapa. A quien le corresponde dar dirección se le conoce como anfitrión. Mientras que las residentes se saben dueñas de la mesa y hacen espacio cuando llega la visita, las anfitrionas nunca toman asiento. La oportunidad de estas últimas coincide con la buena fortuna del primero, que entra, toma, come y sale impunemente y quizás regresará, pero no se sabe cuándo. La economía del visitante supone ser algo así.
Las zonas de oportunidad y las partes útiles
El 95% de Puerto Rico se designó como zona de oportunidad, atributo que perseguirá la mayoría de nuestras tierras por la próxima década.[2]Que esta designación acapare casi todo el País, mientras que en Estados Unidos se puede extender solo hasta un 25%, es una “victoria” por excepción federal. Las zonas de oportunidad son una herramienta que incentiva la inversión privada a largo plazo en comunidades de bajos ingresos.[3] La lógica parece sencilla. Cuando los inversores mueven sus dineros a proyectos en áreas denominadas como “de bajos ingresos”, su responsabilidad contributiva disminuye.[4]Se apuesta a una fórmula problema y solución en la relación entre las áreas deprimidas económicamente y las ganancias de capital reconocido. La riqueza no solo percola (trickle-down). Se contagia. Y si la buena fortuna se pega, la oportunidad de estar o vivir cerca de,junto a, o cediendo la casa al afortunado, es la suerte de todas. ¿Cierto?
¿Cuáles son las zonas de oportunidad o las partes útiles del País? ¿Quiénes son las sujetas que podrán utilizarlas apropiadamente? ¿Quién reparte la oportunidad? Abandonada toda posibilidad sobre lo común, ¿cuál es la distinción entre lo propio, lo apropiado y lo apropiable? ¿En qué consiste el intercambio entre el visitante y las anfitrionas? ¿Cómo se pertenece a este lugar que ya no nos pertenece? ¿Cómo ejercer el derecho al País?
Aquí algunas gotitas del saber sobre las zonas de oportunidad:
- También, por excepción, se extendió “el beneficio” a áreas que no son pobres.
- Entre las pocas áreas que no son zonas de oportunidad están el Complejo Correccional de Ponce y el antiguo Trump International Golf Course.
- Los Fondos de Oportunidad son una “oportunidad única” –pun intended– para las personas ya beneficiarias de la Ley 20 y 22. Nada impide sumar los beneficios contributivos –y políticos- de la ocasión.
El país para quiénes, remix
Las zonas de oportunidad son parte de la recuperación forzada que el gobierno ensaya. Junto a otras piezas importantes,como los fondos federales y la austeridad, sirven de zapata para el País que será en los próximos cinco, diez, quince, o veinte años. La recuperación forzada responde con escepticismo a la pregunta “Puerto Rico para quiénes”. Los planes de recuperación excluyen a la gente más pobre del País.[5]
La crisis de desplazamientos no comenzó hace dos septiembres. El desplazamiento forzoso de comunidades pobres es política pública del estado. Sin necesidad de un recuento histórico, reconocemos múltiples maneras de desplazar. Por ejemplo, cuando se cierra una escuela o un hospital, cuando se desmantelan los aparatos de seguridad, cuando se cierran tribunales, cuando se descuida la transportación pública terrestre o marítima, cuando se aprueba legislación que permite especular con el suelo, cuando cada par de años se amenaza con aprobar leyes que legitiman odios y asesinan mujeres o trans, cuando se apuesta al pago de la deuda ilegítima en lugar de proteger los derechos humanos fundamentales de la población.
El desplazamiento forzoso cobra fuerza cuando la vivienda es un lujo y resulta más factible abandonar la Isla que tratar suerte en cualquiera de sus espacios urbanos o rurales. Aunque no hay datos precisos, se sabe que las rentas aumentan peligrosamente, que el 90% de las personas demandadas en desahucios no tiene acceso a representación legal, que en las últimas tres semanas se presentaron más de 900 demandas de ejecuciones de hipotecas, que 250,000 personas podrían estar en riesgo de perder sus hogares ante la banca.[6]
En los últimos 10 años, Puerto Rico ha perdido el 14% de su población. Tras el paso de los huracanes Irma y María, cerca de 198,000 personas salieron a los Estados Unidos por la falta de techo seguro, alimento, agua y servicios esenciales.[8] Nuestro ir y venir por la puerta giratoria de la migración no nos devuelve –si es que nos devuelve- , sin culpas. Rara vez ganamos en ese tránsito. De ahí que temamos que cuando alguien se va “de visita”, se quede para siempre. De ahí que moleste no contar aquí, pero ser un voto útil en Florida. De ahí que en el contexto de zonas de oportunidad y capitalismo del desastre, no hablemos de migrantes sino de desplazadas. De ahí que importe reconocer nuestra semejanza con desplazadas que mueren ahogadas en ríos-fronteras o en el mar.
Muchos de los desplazamientos forzosos son internos. Después de los huracanes, muchas de las se quedaron en el País–porque quisieron o porque no hubo alternativa- se mudaron a refugios, casas de familiares o propiedades abandonadas. La falta de respuesta gubernamental – de los dos estados- prolongó estos desplazamientos. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. Veinte mil personas continuaban viviendo bajo toldos azules.
La promesa de cerca de $18.5 mil millones de dólares en fondos CDBG-DR supondría, pero no logra, contestar con esperanza la pregunta del País para quiénes. Estos dineros deben utilizarse para cubrir las necesidades descubiertas de vivienda, infraestructura y revitalización económica. Lejos de demonizar los fondos por su origen, pues reconocemos el derecho que tenemos a recibir reparaciones por siglos de violaciones de derechos, como también sabemos que esta será la única inyección de capital significativo que veremos en buen tiempo, estos dineros representan una oportunidad de vivienda digna para personas, grupos y comunidades históricamente marginadas. Sin embargo, los procesos alrededor de esta importante asignación se caracterizan por la exclusión de las pobres y la oferta de un País-sin-ellas.
Los planes de recuperación forzada incluyen, sin embargo, herramientas para mapear e identificar las zonas útiles del País. Ninguna coordenada es inofensiva. Tras los huracanes del 2017, el gobierno aprobó el mapa de inundaciones de FEMA, que aumentó las áreas denominadas como inundables. En esas áreas ubican más de 200,000 viviendas.[9] El plan de acción, documento en el que el Departamento de la Vivienda establece cómo se invertirán los fondos CDBG-DR, establece una prohibición absoluta a la reconstrucción de estos hogares. También prohíbe las reparaciones que equivalgan a más del 50% del valor actual de las casas, muchas de ellas –las más pobres- de madera, sin techos y en depreciación. Quienes no sean elegibles para reconstruir o reparar, tendrán que “escoger” ser reubicadas –no se sabe todavía a dónde- o quedarse en una vivienda insegura porque no han recibido la asistencia a la que deberían tener derecho.
La reubicación no estará disponible para todes. Se requerirá ser titular “según la ley”. En los documentos oficiales se confunden a propósito palabras como viviendas informales, viviendas ilegales y viviendas inseguras. El título no formal -y quienes lo ostentan- es problemático, está sucio, debe limpiarse. De ahí que el programa se conozca en inglés como “title clearance” y que acompañe otras palabras con cargas racistas y clasistas, como “squatters” o en español, “invasores”. Más allá de una política pública que “pondrá fin al aybendito”, se desconoce qué ocurrirá con quienes no puedan adquirir un “título formal”. Esto implica riesgo de desplazamientos forzosos para quienes lleven 5, 10 o 29 años en sus viviendas, así como para quienes no puedan costear o sostener los largos y costosos trámites legales. Aunque no hay planes para estas personas, los espacios donde están sus casas sí son parte del mapa. Allí donde se prohibirá a familias reconstruir sus hogares con asistencia federal para desastres, se le dará la bienvenida a un desarrollador que opere con dinero oportunista. Lo que ellos construyen, al parecer, no se inunda.
Las zonas de oportunidad han sido ampliamente criticadas. Promueven la especulación; aumentan el valor de las viviendas cercanas y, en consecuencia, los alquileres fomentan la gentrificación y el desplazamiento de las pobres. La falta de monitoreo y de rendición de cuentas aceleran el deslinde: la oportunidad aquí, las áreas deprimidas acá, los espacios habitables acá y los explotables allá.
La reconstrucción, en su frenesí, pierde contacto con la realidad, o más bien, la adecúa a su antojo. Si bien, como se ha escrito ampliamente, el asunto de la pobreza no es un asunto de bienes raíces[10], la planificación del País-que-seremos-cuando-construyamos sí es una apuesta a las barreras y los controles de seguridad que imponen sobre algunas el racismo sistémico, la falta de movilidad social y política, la degradación del medioambiente, la austeridad. Detrás de cada letrero de “ConstruimosPR” y de cada otorgación de contratos en procesos enredados, hay una invitación que se extiende a otros –Puerto Rico está abierto para negocios, el menú es amplio, la mesa está servida- y un posicionamiento de quien queda aquí –recibe, sirve, atiende.
Las anfitrionas son las dueñas de la casa
En el video promocional de una multinacional de bienes raíces, una realtor -que por ser local, no es visitante, aunque sí negocia un lugar privilegiado en la mesa- señaló que con el huracán, “Puerto Rico fue lavado a presión. Estamos mejor que nunca”. Forzar la recuperación supone mostrar un País que ahora aparece sucio y descuidado, pero que podría ser distinto y prístino con una buena lavada. El proceso de limpieza comienza con desplazamientos. Al resto nos toca la oportunidad: nos ofrecen trabajo, con salarios de hambre, para que asumamos la labor de limpieza.
Desde Ayuda Legal Puerto Rico, organización en la que trabajo –y también, en cierta forma, milito– definimos la recuperación justa como el derecho que tienen las comunidades a que los planes de recuperación se hagan en atención a sus necesidades y deseos, y en protección de sus derechos humanos. La recuperación justa no es una abstracción. Responde a la pregunta del «País para quiénes», con »nosotras». Responde a la premisa del “derecho al País”, con “Puerto Rico nuestro”.
Celebramos la resistencia de las comunidades, que autogestionan alimentos, techos, medicinas, tejidos sociales. A la par, estamos alertas a la precariedad de quienes luchan. Ninguna persona debe estar sobreviviendo todo el tiempo. Por su naturaleza, las victorias en la supervivencia duran lo que un destello: porque una vez logramos que la escuela se mantenga abierta, se acaba el dinero para las medicinas y cuando ajustamos, ya nos quedamos sin trabajo y llega el gobierno a quitarnos la casa y a hacerlo sin pausa. Somos transeúntes en nuestras tierras, itinerantes a quienes el cansancio y la amenaza de desalojos no nos permiten detenernos. Detenerse es una característica de quienes pueden habitar. El País es cada vez más inhabitable. Estamos y somos menos aquí, aunque nos quedamos, aunque no queremos irnos.
Construir poder comunitario en la recuperación requerirá un trabajo intenso que permita resistir desplazamientos, pero también idear y proponer estructuras que garanticen el País-que-queremos. Esto exige recursos materiales y humanos, diseminación de información, esfuerzos sostenidos de educación popular y organización comunitaria, análisis continuos de política pública y abogacía, gente que tenga la capacidad de agregar datos estadísticos e identificar los actores que toman las decisiones que recetan desplazamientos. Requiere además espacio y tiempo y, para eso, hace falta compartir labores de cuido, tareas al interior de las casas, organizaciones y comunidades, portavocías. Ahora, mientras se discute otro mecanismo de control federal para “administrar la recuperación”, siento la ansiedad de que el tiempo se acaba.
La recuperación forzada es un monstruo grande que pisa fuerte. Se viste de oportunidad – de techo seguro, de desarrollo económico, del puente o dique que urge- y lo recibimos en nuestros hogares, por boca de algún representante de gobierno. Los tiempos de las buenas anfitrionas se acabaron. Urge dar paso a las dueñas de la casa. La visita no debería comer primero o tener acceso a menús cuando quienes viven la casa se mueren de hambre. La comida, como la mesa y la casa, nos pertenecen.
[1]Manuel López Zambrana, DLA piper http://periodismoinvestigativo.com/2019/03/el-gobierno-no-tiene-un-plan-para-integrar-a-las-comunidades-designadas-como-zona-de-oportunidad/
[2]Las zonas de oportunidad se extenderán hasta el 31 de diciembre del 2016.
[3]Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) 26 USC 14000*
[4]La responsabilidad contributiva podría disminuir de un 37 a un 20%
[5]Además de la exclusión sistémica de comunidades, grupos y familias de la elegibilidad a asistencia de FEMA, más información en www.recuperaciónjustapr.com
[6]Más en http://www.derechoatucasa.org
[8]Dato del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, CUNY de Nueva York
**Agradezco a David Carrasquillo y a lxs compañeras de Bargaining for the Common Goods por tanta información valiosa compartida. ❤
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