-Ariadna Godreau Aubert

Hace un par de días, el Experto Independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó se manifestó sobre el caso de Puerto Rico.  

“La población no puede quedar como rehén de prácticas  irresponsables de toma y otorgamiento de préstamo realizadas en el pasado”, remarcó. “La economía debería servir a las personas, no al revés. Las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente. Los tenedores de bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas […] Asegurar la estabilidad financiera, controlar la deuda pública y reducir los déficits presupuestarios constituyen objetivos importantes, pero no deberían lograrse a expensas de los derechos humanos”

Estas expresiones llegan en un momento preciso,  gracias al arduo trabajo de defensoras de derechos humanos dentro y fuera del País. Denuncian lo evidente: que transcurrido el chi-jí chi-já electorero y navideño, la euforia rabiosa o gloriosa por la imposición de la Junta de Control Fiscal y sus primeros no-actos, lo que nos viene encima es una austeridad sin precedente. A días de que el nuevo gobierno presente su Plan a la Junta, el gobierno del hijo retoma los discursos mano-dura de papá y la nueva legislatura busca aprobar decenas de medidas que prometen mayor precariedad.  

Entre tantas cosas, pienso en cenizas, universidad y trabajo.

Primero, escucho la voz de la Superintendenta de la Policía reclamando para sí la capacidad de reinterpretar decisiones judiciales y decidir- en equidad- que las cenizas sí se pueden depositar en el vertedero a pesar de la orden municipal y de la decisión del Tribunal Supremo que disponen lo contrario. En justicia – prima torpe de la equidad- la Superintendenta cumplirá con su mandato: multar a unos (camioneros) y arrestar a otros (manifestantes). Nadie está sobre la ley, ni siquiera la propia ley. ¿La trampa?

Sobre la Universidad, los rumores de pasillo se pasean entre nosotras.  Se habla de nuevos recortes, de un Presupuesto Base Cero que acabaría con la fórmula del 9.6%, de aumentos sin precedente en las matrículas de la única institución universitaria pública del País.  Un proyecto de ley (PC 451) permitiría que el gobernador remueva de cualquier junta o cuerpo rector a cualquier miembro  «que entienda que no está ejecutando la política pública establecida por éste o que no goce de su confianza para formular e implementar el plan fiscal requerido por la legislación federal conocida como PROMESA.» La autonomía universitaria hace tanto que no existe, claro. ¿Pero hasta cuándo hay que matar los fantasmas conocidos que nos quedan?

Ayer circuló  un proyecto de ley que formará parte del paquete de medidas que buscará aprobar el nuevo gobierno. La reforma laboral -anunciada desde los tiempos del informe Kruegger y los amagos de las coaliciones del sector privado de aquí y de allá- viene cargada de restricciones y pérdidas de derechos laborales. Entre otras cosas, se disminuirá la mesada por despido injustificado, las licencias de enfermedad y vacaciones y el bono navideño. Se aumentará el tiempo probatorio y la libertad de los patronos públicos y privados para despedir o cesantear. Habrá quien, en medio de todo esto, alegue que eso del empleador único y de la jornada de 10 horas contará con el respaldo de la clase trabajadora, que «aquí hay libre albedrío», que «lo que sucede es que «se necesitan herramientas innovadoras y valientes para adelantar el desarrollo económico». Me pregunto cuánto puede moverse o decidir o envalentonarse quien ya está encerrada en la pobreza, en  una ruta, una deuda o una isla.

La austeridad, chi-jí, chi-já

La austeridad, aunque viene atada a mayor pobreza, no es un sinónimo. La austeridad es un intento del gobierno de «ajustar» para cubrir con déficits, pagos de deudas, prácticas y condiciones de acreedores depredadores. Ese ajuste se traduce en limitar o eliminar el disfrute de derechos. Afecta de forma desigual a ciertos grupos e identidades, como mujeres, inmigrantes, viejas, niñas y personas con diversidad funcional. Aumenta la pobreza y con ella, la precariedad económica, social y política.

En sus expresiones, el Experto Independiente recogió algunos de los hallazgos que se presentaron ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en abril del 2016, cuando un grupo de defensoras de derechos humanos denunció el impacto de la deuda en los derechos económicos y sociales de quienes viven en Puerto Rico. Allí se habló sobre las restricciones al derecho a la salud, educación, vivienda, acceso a la justicia y más. También se discutió a profundidad quecomo la austeridad asume un rostro de mujer, igual que la pobreza y las más crudas manifestaciones de discriminación.

Las discusiones sobre la deuda pública y derechos humanos proveen un marco de referencia útil para evaluar «la legitimidad» de las medidas de austeridad. Aquí escribo legitimidad entre comillas a sabiendas de que tal legitimidad está cruzada por un sistema desigual y, por tanto, ilegítimo.  Según estos criterios, se evalúa si las medidas de austeridad son proporcionales, necesarias, protegen un mínimo de derechos humanos (entendidos como alimentación y educación básica, salud primaria y vivienda) y atienden el impacto desproporcionado enhacia grupos vulnerables. En los últimos diez años, la población de Puerto Rico ha experimentado alzas en impuestos, en el costo de la comida, en el  precio de la gasolina y en el costo de servicios esenciales -particularmente la luz-. La austeridad asume la forma de la privatización gradual de nuestras escuelas e instituciones de salud y en la invitación abierta a inversores, desarrolladores y especuladores sin mayores miramientos al impacto en las comunidades. La experiencia de la precariedad en la gente del País provee datos fácilmente comprobables sobre lo jodío de vivir en esta Isla, pobre y sin lugar: las familias viven aquí y allá, no hay trabajo o si hay es a medias o por un tiempito, esperas un año para una cita médica, que te quiten el plan médico o te bajen los cupones o peor, que no tengas para pagar la luz y te quiten la casa y después los nenes. A mayor pobreza, mayor violencia estatal, colectiva, intrafamiliar, autoinfligida. En lo que va de año, 11 días cuando se publique esta columna, 6 personas se habrán suicidado en el País. La austeridad no promueve el desarrollo económico ni es motor de crecimiento. Es una serpiente que se come a si misma.

Las crisis económicas pueden provocar que el gobierno se vea limitado o falle por completo en la provisión de «servicios esenciales».  Cómo administrar esos ajustes debe ser materia de la más amplia participación y transparencia. Lo que no es posible es que la austeridad se administre a ciegas o, peor aún, tapándose un solo ojo y con el otro tirándole guiñaítas a grupos privilegiados que conservarán y verán crecer su poder a raíz de la crisis.   Conforme pasa el tiempo, entiendo más la consigna de todo portón riopedrense con un poco de autorespeto: «que la crisis la paguen los ricos». El gobierno recién electo anuncia medidas contributivas de excepción para que los médicos regresen/se queden. La salud es importante, «primero», pero sin medidas iguales para la gente «no-médica» -¿indispensable?- esas medidas bien intencionadas privilegian a los ya privilegiados. En asuntos relacionados, aquí un desglose de las millonadas que hicieron legisladores estadounidenses gracias a cabilderos por PROMESA.

La colonia y las lecciones impuestas

En sus expresiones, el Experto Independiente falla en atender la situación colonial de la Isla. Legitima la Junta de Control Fiscal como un mecanismo de administración fiscal. Más aún, reconoce como legítimo el mecanismo de consulta ciudadana que llevó a cabo la Junta al hablar del derecho a la participación política. Con esto se refiere a la posibilidad de enviarles comentarios por correo electrónico o regular. Me pregunto también si incluye hacer livestream en las reuniones o descargar los documentos disponibles en el portal oficial.

¿De qué sirve hablar del acceso a remedios si no se señalan los responsables de la deuda? ¿Qué solución justa puede proveer el sistema internacional a un país «desaparecido» en entuertos jurídicos?

La deuda de Puerto Rico no es igual a la deuda de otros países. La Junta que nos imponen no es igual a las Juntas de otros países. Los paralelismos son importantes para aprender, discutir y debatir, claro. Pero no se puede llevar lo aleccionador a lo determinante. El trato discriminatorio y contrario a los derechos humanos hacia Puerto Rico no puede medirse exclusivamente en proporción a lo que se disfrutan la EEUU (más Medicare, derecho al voto presidencial, cobertura de fondos X o Z). La falta de democracia interna y externa nos impide conocer cuánto debemos, a quiénes, por qué. Nos impide decidir qué pagar, cómo y cuándo. La Junta es la llamada a decidir y de nosotras se espera que seamos pacientes a la hora de repartir el pan.

Sin embargo, el análisis tampoco puede limitarse a que «somos colonia». La falta de autodeterminación no explica todas las violaciones de derechos humanos que sufren quienes viven en PR, como por ejemplo, la falta de vivienda o la violencia de género. La soberanía no es un antídoto para la austeridad. Aún más, creo que una de las trampas de la lógica imperial es la hipervisibilidad que adquiere la autodeterminación cuando intentamos denunciar otras violencias a nuestros derechos. Pienso en Ricky Rosselló, quien, días antes de salir electo Gobernador,  alegó que una mujer que había sido asesinada junto a sus crías por su esposo, fue asesinada por la colonia. CPienso en si con ser no-colonia, ¿trabajaríamos por un proyecto nacional -¿o estatal?- para garantizar la vivienda, el trabajo digno, el acceso a la justicia?, ¿Oo si lo que ocurriría sería que perpetuaríamos nuestras desigualdades en un sistema con fronteras más fáciles de demarcar?. Con esto no pospongo la pregunta de la autodeterminación, pero sí dudo cuando grito -puño izquierdo arriba- que erradicar la colonia debe ser lo prioritario. La soberanía no puede ser una precondición.

En torno a los responsables: lLa austeridad no es el plan del PNP, tampoco es el plan de la Junta. Me atrevo a decir que tampoco es el plan de la colonia. Es el plan neoliberal que por años ha empujado el sector privado aquí y en el mundo, a veces de formas ocultas y ahora de formas burdas. ¿Importa conocer de dónde es el plan? Sí. ¿Importa saber que todos los anteriormente mencionados duermen en la misma cama? Claro. Lo que digo es que esto no es foráneo, impuesto o electorero, aunque lo sea.

Lo que se avecina: los derechos humanos ¿no dan?

Hay muchas críticas -válidas- al discurso de derechos humanos. El concepto mismo responde a  una perspectiva blanca, patriarcal y liberal, que se concibe a sí misma capaz de contener nuestras pluralidades en la cajita de la universalidad. Son eso, cierto. Requieren descolonización consciente, claro. Incluso o particularmente desde la colonia. También.

Luego de tantos años participando en esfuerzos de educación popular, pienso que hay una chispa combativa que se enciende cuando alguien dice -como afirmación autonarrándose, quejándose,  peleando- «es que yo tengo derecho a», «es mi derecho».  Los derechos no están en ninguna parte, quizás no existen fuera del papel. Quizás se perdieron en ese lenguaje tan oscuro de la ley y en las aguas turbias de abogados y tribunales endiosados. No obstante, cuando alguien dice que es su derecho, algo adentro se mueve para defender y proteger. Los derechos se intuyen. Son una manera de articular nuestra cotidianidad autónoma como individuas y como colectivas también. Para algunos son «cartas de triunfo», el «resultado de luchas sociales». Sirven para apalabrar las violaciones y para exigirencia elde acceso a y disfrute de garantías fundamentales. Por el mero hecho de ser personas. Todas y todos.

En relación a la deuda, una perspectiva de derechos humanos permite articular lo que queremos decir cuando gritamos #LaGenteAntesQueLaDeuda. Si bien PROMESA tiene como únicos propósitos «devolverle a PR a los mercados financieros y recuperar la confianza de los mercados,” quieénes vivimos en PR tenemos prioridades distintas. Entre otras, proteger y defender nuestro derecho a la dignidad humana, a la vivienda segura, a la educación de calidad, universal y accesible, al trabajo digno, a la salud.  Los compromisos entre estados -este territorio, esta Isla, este País-  y los acreedores no son como cualquier contrato. Encuentran un límite en las condiciones de vida digna de las habitantes. La deuda, en definitiva, no es nuestra. Y esa negativa encuentra amparo en nuestro rechazo a ceder espacios -adentro y afuera-. La austeridad la apalabramos sin asumirla o con la certeza de que la asumimos hace años, décadas, siempre. Aprendemos, apalabramos, reclamamos y resistimos para proponer: nosotras, las que no nos debemos a nadie.